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RESPONSABILIDAD POLÍTICA, RESPONSABILIDAD PENAL Y CORRUPCIÓN (I)

8 abril, 2017 2 comentarios

Al hilo de los sucesos de Murcia, que han obligado al presidente de la región Pedro Antonio Sánchez a dimitir por estar investigado (pero no a dejar el acta de diputado), quiero hacer una reflexión sobre un tema que me parece que tiene muchas aristas y que no es sencillo, si se analiza con rigor.

Primero, un poco de Derecho Penal: hay dos fases en el procedimiento, la primera es la de instrucción (en la que un juez A investiga los hechos objeto del procedimiento), y una segunda (el juicio oral) en la que un juez B, si el juez A ha estimado que existen indicios racionales de criminalidad, decide sobre el delito en cuestión. Por lo tanto, en toda la primera fase no se presupone nada sobre la presunta culpabilidad del investigado (antes imputado, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En definitiva, el investigado es aquella persona a la que se le imputa la comisión de un delito, pero no se trata de juzgar a nadie, sino de investigar su relación con el presunto delito. Si al final de la instrucción el juez A considera que hay indicios racionales de criminalidad contra esa persona, dictará auto de procesamiento y pasaremos a la fase 2 (la del juicio oral), en la que ya no será investigado sino procesado o acusado (en el procedimiento abreviado no existe auto de procesamiento, pero este esquema nos sirve para hacernos una idea cabal).

La responsabilidad política no puede ser la misma que la responsabilidad penal. La primera nace por la confianza depositada en una persona para que desempeñe funciones públicas, ya sea por representación (los diputados frente a sus electores) o por designación (el ministro frente al presidente del Gobierno que le ha nombrado). La segunda se deriva de la legislación penal, que sólo trata de aquellas infracciones especialmente graves y que pueden causar más alarma social.

Me explico: cuando se exigen responsabilidades políticas es, excluyendo el código penal, por un hacer (o un no hacer, o por culpa in vigilando) que implica un error muy grave en la gestión (excluimos por supuesto los delitos contra la Administración Pública de los artículos 404 y ss.), o por mentir. Sin embargo, en otros supuestos estamos ya rozando el reproche jurídico penal, como puede ser la corrupción, el fraude fiscal, o haber realizado cualquier otra conducta recogida como tal en el Código Penal (conducir borracho, maltratar a su mujer, etc.). Hay ejemplos de políticos españoles implicados en todas estas acciones hace no demasiado tiempo.

El ámbito de la responsabilidad política en principio se debe limitar al terreno de la ética o la moral, no al jurídico, pero hay una zona en la que pueden llegar a colisionar. En concreto, vamos a tener tres supuestos: uno, comportamientos excluidos del Código Penal, pero muy reprochables ética o moralmente; dos, hechos que pueden encajar en ilícitos penales; y tres, ilícitos penales que pueden no ser políticamente relevantes.

Vamos con el primer supuesto. Hay una zona que queda fuera de la Ley penal, como es la mentira, los errores de gestión muy graves, y otros comportamientos poco éticos, como, por ejemplo: haber cobrado indebidamente una beca (mientras facturaba como autónomo al partido sin haber solicitado a la Universidad permiso para poder hacerlo); haber creado una sociedad ad hoc a posteriori de la realización de unos “trabajos” por valor de 425.000 euros (que a fecha de hoy seguimos sin saber en qué consistieron) para defraudar a Hacienda; otorgar contratos del Ayuntamiento a tu hermano siendo concejal; y siéndolo tu padre, que los otros 3 miembros de la familia sean adjudicatarios de pisos de protección pública; que un estudiante sin trabajo conocido pague 60.000 euros a tocateja para un piso de VPP, cuando su padre ha sido condenado por las tarjetas black. No hace falta decir nombres.

Casos como éstos, en mi opinión muy poco ejemplares de lo que debe ser un cargo público u orgánico, pueden quedar fuera del Código Penal, pero políticamente es claro que vulneran la confianza depositada en ellos por los votantes o los militantes. La excusa que nos darán estas personas, tanto si no han sido denunciados como si la denuncia no ha prosperado, es que son “inocentes” o que “nadie ha podido demostrar” nada judicialmente. Pero como decíamos al principio, una cosa es la responsabilidad política y otra muy distinta la penal. La primera implica rendición de cuentas del representante o nombrado ante el representado o el que le ha nombrado. Y aquí hay un doble mecanismo de control: por un lado, el colectivo ante el que tienen que rendir cuentas (mecanismo externo), por ejemplo, los electores (no volviendo a votar a esos representantes) o el parlamento (retirando la confianza al presidente del Gobierno mediante una moción de censura, o votando la reprobación de un ministro). Y por otro, un mecanismo interno por parte del propio partido político, que a través de sus estatutos y órganos internos de control obligue al afectado a rendir cuentas o a dejar su cargo.

Veamos el segundo y el tercer supuesto: aquí es donde sí que podemos establecer una norma jurídica que regule el caso en que la responsabilidad política llegue al ámbito penal. Y tenemos que conjugar esa responsabilidad política con la presunción de inocencia, que es un derecho de todos los ciudadanos. Sin embargo, el político no es un ciudadano cualquiera: los artículos 71 y 102 de la Constitución Española establecen un régimen de aforamiento especial para los Diputados y Senadores, por un lado; y para el Gobierno, por el otro. Se pretende de esta manera proteger a los miembros del Gobierno frente a actuaciones que menoscaben las funciones que constitucionalmente se le encomiendan, a través de la utilización abusiva de querellas, confundiendo en muchas ocasiones dos planos distintos, aunque ciertamente no siempre fáciles de deslindar, como son los de la responsabilidad política y la penal. Pero del aforamiento hablaremos otro día, hoy sólo quiero poner de manifiesto que no hablamos de ciudadanos normales, y que su régimen jurídico respecto del artículo 24 CE es distinto.

El punto de equilibrio creo que estaría en apartar al político en el momento del auto de procesamiento y apertura de juicio oral. Hacerlo en el momento de la investigación (antes imputación) da como resultado que haya casos como el del presidente de Murcia, imputado 17 veces sin llegar a juicio oral. El hecho de que el juez instructor estime que hay indicios racionales de criminalidad es lo suficientemente significativo para que políticamente tenga que dimitir. Al respecto señalar que ahora mismo está en trámite una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes (texto completo aquí y expediente de la iniciativa aquí) promovida por Ciudadanos, en la que en su disposición final primera se insta a modificar la LOREG para “impedir que quienes han sido encausados judicialmente o condenados por su implicación en procesos relacionados con la corrupción, así como por otros delitos castigados con penas graves, puedan formar parte de las listas electorales, y por tanto, concurrir a unas elecciones con el fin de ostentar un mandato representativo”. Además, se establece que sea de aplicación a los cargos electos en ejercicio, de modo que, si uno de ellos fuera encausado judicialmente, pierda su condición por incompatibilidad sobrevenida. Es curioso como este partido ha sido incongruente con lo establecido en la PL, actuando de forma contradictoria con la PL en el caso del presidente de Murcia (del PP) o del alcalde de Granada (del PSOE).

Poner el límite en ser investigado (imputado antes de la reforma) en mi opinión es excesivo. Me viene a la cabeza la querella interpuesta por Rodrigo Tena contra Andrés Herzog en 2015 por espiar a los tránsfugas de UPyD, que se hizo con la intención espuria de que el segundo no pudiera presentarse como candidato a las elecciones al estar imputado. La querella, como no podía ser de otra manera, se terminó archivando (aunque esto ya no salió en la prensa).

En esa PL, además, se delimita la causa de incompatibilidad a (aparte de una lista en la que se incluyen delitos contra el patrimonio, la libertad o el orden público, sedición o terrorismo) “cualesquiera otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación o suspensión de cargo público”. Y con esto llegamos al tercer supuesto: ¿cabe un presunto delito que no sea políticamente relevante?

Me resulta difícil a priori pensar en algún caso. Puesto que partimos de la premisa de que a los representantes políticos se les debe presumir un plus de comportamiento ético y ejemplar, y dado que la ley penal protege a la sociedad de las infracciones más graves y reprobables, es complicado buscar un ejemplo de infracción penal que no suponga una infracción a la confianza otorgada por los representados a sus representantes. Habría que estar al caso concreto, pero quizá la comisión de uno de los delitos leves (ya no faltas tras la reforma de la Ley 1/2015) podría ser uno de esos supuestos o no (por ejemplo, perturbación leve del orden en un juzgado).

Para concluir, podemos concluir que la responsabilidad política es algo intrínsecamente distinto de la penal, pero que en algunas ocasiones pueden superponerse. Para esos casos, hasta hace poco estaba convencido que la imputación (actual investigación) era el límite, pero ahora pienso que el punto más justo es la apertura de juicio oral, ya que lo primero puede multiplicar exponencialmente las situaciones injustas y fomentar el “querelleo” gratuito como arma de la lucha política.

Por otra parte, hay un ámbito no penal de la responsabilidad política que coincide con el comportamiento ético y moral exigible a nuestros representantes, que han de ser especialmente escrupuloso, más que el del ciudadano medio. Hay (o debe haber) un doble control, interno (por parte del propio individuo, de su partido a través de sus órganos internos de control y de sus estatutos) y externo (por parte de sus votantes o de aquellos que les han nombrado).

Dejo para una segunda parte determinar de qué hablamos concretamente cuando tratamos el caso del párrafo anterior, aunque no esté perseguido en el Código Penal. Sólo avanzo que la línea puede llegar a ser muy fina, y la legitimidad social tiene algo que ver.

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