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ESTIBA, COMPETENCIA Y MONOPOLIO

28 marzo, 2017 1 comentario

El caso de los estibadores me ha traído recuerdos. Conozco a alguien muy cercano que en su momento trabajó en un sector donde personas con estudios básicos ganaban un sueldo muy por encima del mercado (hablo de entre 7.000 y 10.000 euros al mes); donde el acceso desde fuera era prácticamente imposible, lo que daba lugar a que hubiera familias enteras (hermanos, tíos, primos, hijos) trabajando en el sector. Y donde la opacidad era la norma (y sigue siendo hoy) respecto de las retribuciones y los ingresos, incluso entre profesionales vinculados indirectamente a ese mundo. Mi amigo era consciente de que el chollo se acabaría tarde o temprano.

Sobre la estiba, unos breves apuntes: el actual sistema lo crearon ex aequo el ministro de Trabajo de Franco, Girón de Velasco, y el general Muñoz Grandes, premiando así a los combatientes de la División Azul tras la Segunda Guerra Mundial, y solucionar los problemas de personal que tenían las empresas que se dedicaban a la descarga de los barcos (paradoja buenísima de los comunistas defendiendo los privilegios franquistas). Las OTP (Organización de Trabajadores Portuarios) creadas por Girón pasaron a ser sociedades de estiba, y posteriormente asociaciones de empresas portuarias, ya con el PP, cuando el Estado abandona el control de las mismas. Bruselas acepta la denuncia sobre el monopolio y el PP, según la buena costumbre española de barrer debajo de la alfombra, hace una nueva ley de puertos en 2011, pero no hace ni caso al dictamen de la Comisión advirtiendo del problema. Lo explica muy bien aquí Adrián Ángel Viudes, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena entre 1996 y 2014.

La situación de monopolio de los trabajadores les ha permitido disfrutar de condiciones bastante mejores que la media del país, sueldos altos que suponen entre un 20% y un 53% (según quien haga el informe, aquí el de la Universidad Politécnica de Barcelona; aquí datos del de PwC) de los costes de manipulación de mercancías en terminales de contenedores. En los comentarios de los enlaces que inserto a lo largo de la entrada se pueden encontrar bastantes quejas de trabajadores del mar (pero de verdad, o sea, marineros) y transportistas respecto de la celeridad y la productividad de los estibadores, derivado del régimen de monopolio del que disfrutan. La opacidad y el nepotismo llega a lo más alto en el puerto de Algeciras, donde no se admiten mujeres.

El problema de fondo es que se han vulnerado el principio de libre establecimiento, y el país que incumple debe ser sancionado, como lo ha sido España en este caso. Las empresas que operan en los puertos públicos no pueden contratar a los trabajadores que deseen, sino que deben contratar exclusivamente a trabajadores que formen parte de Sociedades Anónimas de Gestión de trabajadores Portuarios (SAGEP). Las empresas, además, están obligadas a participar con capital en éstas, por lo que, su contribución es doble. Para la Comisión Europea y el tribunal de Estrasburgo, este mecanismo vulnera el derecho al libre establecimiento. La estiba es el único sector laboral en España que no está abierto a la libertad de contratación. En la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (la sentencia en castellano aquí) se declara que España incumple el artículo 49 de los Tratados. Con toda la razón.

Y con esto llegamos a la votación del Real-Decreto Ley en el Congreso, donde el Gobierno fue derrotado. Y comentar que el caso de Ciudadanos es alucinante, un partido “liberal” que se abstuvo en la votación que buscaba liberalizar la estiba, a pesar de ser el único partido que llevaba en su programa electoral liberalizar el sector.

La oferta más competitiva de las terminales, según el informe de PwC, tendría un efecto positivo sobre el sector exportador español, que éste valora en 678 millones de euros anuales, con incrementos del tráfico de mercancías del 5%, y la creación de hasta 18.129 nuevos puestos de trabajo, además de propiciar una recaudación fiscal extra de 486 millones de euros y mejorar la balanza comercial en 609 millones.

No voy a entrar en los entresijos del Decreto por cuestión de espacio, pero su contenido básico es el siguiente: libertad de contratación y no obligación de las empresas de estiba de formar parte de una sociedad que suministra los trabajadores, con un período de transición. Concluido éste, las Sagep podrán liquidarse o convertirse en empresas de trabajo temporal, y coexistir con Centros Portuarios de Empleo, que, según Puertos del Estado, darán estabilidad al empleo. En cuanto a la formación para el desempeño de la estiba exige una cualificación profesional titulada o una experiencia de 100 jornadas de trabajo. Si se desean cumplir requisitos, existe la posibilidad de obtener un Certificado de profesionalidad, MAPN0712: operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo (RD 988/2013, de 13 de diciembre), acción formativa encuadrada en la formación profesional para el empleo.

El principal argumento de los defensores del sistema actual de la estiba se resume en esta frase de Julián Jiménez en este artículo en Nueva Tribuna: “un decretazo cuyo único fin es precarizar condiciones de trabajo, bajar sueldos, desregular, despedir trabajadores y hacer las delicias de empresas financieras y fondos buitres multimillonarios para que llenen de beneficios sus bolsillos a costa de los trabajadores”. Por cierto, que es falso que la multa sean 50 millones de euros, como afirma en su artículo: la cuantía de la multa está por determinar. En el momento en que haya otra sentencia condenatoria (en breve), la multa será de 134.107,20 euros diarios mientras la estiba siga sin reformar. Hasta ahora llevamos acumulados 22,2 millones de euros de multa. Y vaya si se paga: España ya fue condenada dos veces, una de ellas por las famosas “vacaciones fiscales vascas”, y terminó pagando.

Es evidente que este modelo está obsoleto y debe derogarse. Habiendo libre circulación de trabajadores y libertad de establecimiento en cualquier otra profesión o actividad (recordemos por ejemplo el caso de los futbolistas profesionales, o las entidades financieras), este sistema no tiene razón de ser. Un sistema transitorio es razonable para adecuar las empresas a la legislación europea, pero poner paños calientes protegiendo privilegios no lo es (como implica la exigencia sindical de elaborar un registro de trabajadores portuarios), y menos pagando prejubilaciones millonarias con el dinero de todos. No estoy en contra de que alguien gane mucho dinero o tenga un buen sueldo, pero sólo si lo genera realmente. Es alucinante que un gruista gane más dinero que un cirujano o que el capitán de un barco de 300.000 toneladas.

Y por supuesto que hay otras profesiones que ganan muy por encima de lo que producen. Pregúntenme qué haría mañana mismo con el Senado. Pero ahora estamos hablando de la estiba y de resolver un problema que tenemos encima de la mesa, y que además tenemos que solucionar para ayer.

Señores estibadores, bienvenidos al mundo real.

 

POR QUÉ NO HAY UN PARTIDO POPULISTA DE DERECHAS EN ESPAÑA

15 marzo, 2017 Deja un comentario

Hoy se celebran elecciones generales en Holanda, uno de los países fundadores de la Unión Europea, y es posible que un partido populista de derechas antieruropeísta las gane. El título de este artículo es una pregunta que me lleva un tiempo dando vueltas en la cabeza. Y como ahora lo que me sobra es tiempo, pues ahí va mi respuesta. Huelga decir que les ruego que compartan sus reflexiones a esta entrada, cualquier punto de vista va a ser muy bien recibido, y seguro que aportará luz a una cuestión complicada, en la que inciden factores diversos, y representativos de nuestra peculiaridad.

Es curioso que hay tres países en Europa que parecen estar vacunados contra los populismos de derechas: España, Portugal e Irlanda. Tres países católicos, y dos de ellos que han tenido las dos dictaduras de derechas más longevas de Europa en el siglo XX, y las únicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Son dos factores bastante importantes en mi opinión.

Por un lado, el catolicismo ha evitado el surgimiento de un partido contrario a la inmigración, junto con lo políticamente correcto. Todo ello ha evitado que se pueda plantear de forma seria y objetiva una verdadera política migratoria en España, ya que es evidente que hay recursos limitados y no se puede aumentar drásticamente la población, especialmente si el aumento es demandante neto de los mismos.

En España, las restricciones a la entrada de inmigrantes tienen muy mala prensa, y es curioso como una organización como Cáritas tiene instalaciones donde sólo atiende a inmigrantes, y según sus propios informes el porcentaje de inmigrantes atendidos ronda el 60%. Aun así, desbordados por la atención a un número creciente de foráneos en situación de pobreza y precariedad, Cáritas, en sus documentos, sostiene un discurso antiliberal y anticapitalista, defendiendo otra política inmigratoria menos restrictiva. No es algo extraño que Cáritas haya proporcionado cuadros a Podemos, incluido el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid.

Además, hay que señalar que la mayoría de la población inmigrante procede de Iberoamérica (mayor si contamos a los nacionalizados, muy favorecida al poder solicitarlo con dos años de residencia legal en España) y Rumanía, también católicos y con lazos culturales evidentes con los españoles, lo que ha evitado, con alguna excepción, conflictos como los sucedidos en Francia, por ejemplo, y el sentimiento de una amenaza cultural. También hay que decir que vamos con décadas de retraso en la recepción de inmigrantes respecto de países como Alemania, Francia u Holanda. Aunque el porcentaje de población no nacida en el Estado es similar (en torno al 11-12%), en España casi no hay guetos, como sí los hay en los otros países, al haber inmigrantes de tercera o incluso cuarta generación.

Por otra parte, la herencia franquista (uno de los peores insultos del mundo mundial, y la última bomba que te pueden lanzar en una discursión es que te llamen “facha”) y la ausencia de un nacionalismo español (la bandera, el himno, el patriotismo, son símbolos fascistas), frente a los muy consolidados nacionalismos periféricos (que son competencia directa de un populismo derechista español xenófobo en sus territorios), producen que sea muy complicado el asentamiento de un sentimiento de rechazo a lo diferente. Y el papel tolerante y acomplejado de la izquierda coadyuva a ello.

Respecto de los nacionalistas periféricos, han abrazado la denominada “doctrina Colom”, consistente en utilizar inmigrantes para desespañolizar sus territorios, especialmente musulmanes. Es paradigmático el caso del senador de ERC Robert Masih i Nahar, originario de la India y vicepresidente la Federación Catalana de Críquet, de ERC, que tomó posesión prometiendo acatamiento a la Constitución “por imperativo legal hasta la República catalana”. Y sin embargo, como derecha xenófoba y racista que son, cuando han tratado de exportar el “prucés” al extranjero, sólo han sido recibidos por partidos islamófobos, racistas y neonazis. Vemos que, además de Podemos, también los nacionalistas cabalgan contradicciones. Las felicitaciones de Puigdemont vía twitter o las de EH Bildu a Donald Trump por su victoria electoral son muy significativas.

Pero la cuestión más importante es quiénes han sido los verdaderos perdedores de la crisis en España. No ha sido la clase obrera industrial, ni los grupos de mediana edad, ni los jubilados los principales damnificados. Por el contrario, hay dos grupos que han sido duramente golpeados: los jóvenes (con estudios superiores) y los inmigrantes, y ninguno de los dos constituyen un grupo de apoyo para la extrema derecha, pero sí para Podemos y los nacionalistas periféricos.

El papel de Podemos también es relevante. Es cierto que ha monopolizado el sentimiento antisistema. Como ya he explicado en entradas anteriores, su programa electoral, salvo la parte de inmigración, es calcado al de los partidos populistas de extrema derecha: intervencionismo económico, nacionalizaciones, proteccionismo, salida del euro, más gasto público, impago de la deuda, restricciones en el mercado laboral… Y también coinciden en señalar que el malo para esta película es un dragón de tres cabezas: las multinacionales (la globalización), el BCE (el sistema financiero) y Angela Merkel (la austeridad y los recortes).

Parece a priori que el surgimiento de Podemos ha funcionado como una especie de tapón que ha impedido que el voto descontento se haya dirigido hacia la ultraderecha. El propio Pablo Iglesias dijo que seguramente en España no existe una formación política de extrema derecha fuerte porque existe Podemos. Sin embargo, creo que el perfil de votante de Podemos no coincide con el del votante de Le Pen o Geert Wilders. Además, Podemos no se ha centrado en el problema de la inmigración como causa de mayor competencia por empleos poco cualificados o el descenso de los salarios o el desempleo (más bien al contrario), sino que ha puesto el acento en la corrupción, la Transición del 78 o la Guerra Civil, iconos de la extrema izquierda extraparlamentaria.

Por otra parte, se dice habitualmente que no hay un partido parlamentario de extrema derecha porque el PP cubre a sus votantes. Probablemente es cierto. Sin embargo, hay que recordar que cuando en 2014 el presidente del Banco de Sabadell decía que España necesitaba un Podemos de derechas, Vox respondió de inmediato que ya existía, y que eran ellos. El error que cometieron es fijar el foco en las autonomías, la religión, el aborto (temas que a la gente le importan un pimiento, como la corrupción), y no en el empleo, los problemas de los autónomos y las pymes, y en el caso del mundo rural, la agricultura y la ganadería. Es la diferencia entre Donald Trump y el Tea Party, o Le Pen y Amanecer Dorado. Es decir, se limitaron a amplificar las propuestas de su vecino ideológico (si tú eres de derechas, yo soy dos o tres veces más). Lo mismo que está haciendo Podemos (la derrota de Errejón es significativa), lo que creo que les va a llevar a bajar más todavía en número de votos en las próximas citas electorales).

Aun así, es cierto que el fracaso de experimentos como Hogar Social Madrid o Plataforma per Catalunya indica que la extrema derecha patria no han tenido un líder carismático como Podemos sí lo ha tenido, y eso en este país es muy importante. Por cierto, que otro factor que ha ayudado a que el PP siga manteniendo bajo su ala el voto de extrema derecha es el surgimiento de Podemos, y el miedo del votante de derecha a que este llegara al poder, y la entrega a la estrategia del voto útil. Ese miedo ha funcionado, y por eso la subida en sus votos en las últimas elecciones generales, junto con otros factores.

Para finalizar, quiero apuntar que un factor muy importante: en mi opinión, España sociológicamente es un país de izquierdas (hasta conduciendo, no hay más que pasar por cualquier autovía de 4 carriles y ver cómo todos van por el carril más a la izquierda), como lo fue de derechas mientras Franco vivió. Y mientras declararse de derechas sea algo vergonzoso, va a ser complicado que exista un partido del estilo de los populismos de extrema derecha que pululan por Europa. Añadamos a eso el complejo de la herencia franquista (que afecta incluso a símbolos nacionales, como el himno o la bandera), que ha evitado que la izquierda rompa sus vínculos con los nacionalistas periféricos (por ejemplo, la CUP, que se declaran de extrema izquierda, no denuncian los contactos del Gobierno que apoyan con partidos nazis y racistas; y Podemos justifica y ampara tanto la secesión catalana como a los proetarras). Se echa mucho de menos como factor de equilibrio una izquierda moderada con sentido nacional, pero lo que tenemos es reflejo fiel de lo que somos.

Aunque sí pienso que caldo de cultivo hay (lo siento cada vez que escucho personas de mi entorno quejarse de que a los inmigrantes les asignan todas las guarderías, o gente que trabaja en servicios sociales describirme a verdaderos artistas de las ayudas y subvenciones), en este momento estamos un poco verdes para la existencia de una fuerza parlamentaria de extrema derecha populista. Afortunadamente. Con un populismo ya tenemos bastante.

AUTOBUSES NARANJAS Y DELITOS DE ODIO

La última de los últimos días: primero los hechos.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una ley (Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid), cuyo  texto completo pueden leer aquí. Como reacción a la misma, Hazte Oír, una asociación ultracatólica, ha hecho que un autobús naranja recorra las calles de Madrid con la leyenda “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. Ante este hecho, el Ayuntamiento de Madrid inmovilizó el autobús, y posteriormente el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha dictado mediante auto la medida cautelar de prohibir circular el autobús, tras recibir el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid. En el auto se decreta la prohibición de circular de este autobús, al entender que su mensaje “no se limita a exponer” el ideario del colectivo, sino que se dirige a personas con una orientación sexual “distinta” para lesionar su “dignidad”. Tanto la alcaldesa de Madrid como la presidenta de la CCAA (así como el 90% de las personas a las que he escuchado o leído comentar la noticia) han manifestado que se trata de un ataque contra los menores transexuales y por incitar a un delito de odio.

el-autobus-naranja

Similar por cierto (pero con el mensaje opuesto) a una campaña que se desarrolló del 10 al 16 de enero de 2017 en País Vasco y Navarra con el lema “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo”. Asociaciones cristianas plantearon presentar denuncia contra la misma y recogieron más de 9.000 firmas mediante una campaña denominada: “En el transporte público se fomenta la corrupción de menores”.

pais-vasco

Sin entrar en el tema de la transexualidad de los menores (que existe y es un problema al que hay que dar una solución, pero de lo que no puedo hablar con conocimiento de causa, lo dejo para los profesionales de la materia), ni en la oportunidad de la ley aprobada por la Comunidad de Madrid (enlazo las razones de la oposición de los obispos aquí, y en otra ocasión podré analizarla detenidamente; la he mirado por encima y hay algo que sí me rechina, que es la inversión de la carga de la prueba), me voy a ceñir al punto de vista jurídico de si el autobús constituye un delito con el actual Código Penal, y de si hay razones que justifiquen que el autobús no circule, insisto desde un punto de vista estrictamente legal. Vaya por delante que las ideas de Hazte Oír me parecen tan trasnochadas como el que afirma que la Tierra es plana o el que niega el evolucionismo.

De todos los artículos del Código Penal que regulan los delitos de odio, el único que puede ser aplicable en este caso es el 510 (página dos del enlace para ver el artículo completo), que dice así:

Artículo 510.
1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a
una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
(…)
2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean
idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.
(…)

Recalco “identidad sexual” porque es el concepto que aquí está en juego, no el de orientación sexual, que no tiene nada que ver en este caso.

Por lo tanto y resumiendo, se trata de determinar si la actuación de Hazte Oír con el autobús: a) fomenta, promueve o incita directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra los menores transexualesb) lesiona la dignidad de los menores transexuales mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de los mismos.

Respecto del primer punto, en mi opinión está claro que no se da el tipo penal, ya que no se está incitando al odio, hostilidad, discriminación o violencia. El discurso retrógrado de Hazte Oír no incita a esos comportamientos: simplemente dice que un hombre que nace como tal, pese a que se sienta mujer y se someta a tratamientos y operaciones, sigue siendo un hombre, pero no se incita a que se odie o discrimine.

Por lo que se refiere al segundo, ya es más discutible que la frase que lleva el autobús lesione la dignidad, humille, menosprecie o desacredite a los menores transexuales. Aquí tenemos que recurrir a dos de los principios generales del Derecho Penal: intervención mínima (no debe utilizarse cuando existe la posibilidad de utilizar otros instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico violado, es el último recurso del Estado); e interpretación restrictiva y prohibición de la analogía. Como dice Tsevan Rabtan muy acertadamente en este hilo en Twitter, “el Código Penal es la última respuesta y no tiene un afán totalizador. Sólo proscribe las conductas más antisociales. Por eso hay que ser muy cuidadoso con ciertas interpretaciones extensivas. El llamado discurso del odio: el que alaba al nazi, al genocida, al terrorista, es algo mucho más grave que la defensa de posiciones que nos parecen imbéciles o profundamente equivocadas, en particular si son minoritarias”.

Y con esto vamos a mi entender con el nudo gordiano del asunto, que es si el Derecho Penal debe regular los sentimientos. Es evidente que tanto con el autobús naranja como con la campaña  del País Vasco y Navarra ha habido gente que se ha sentido ofendida. Y creo, tanto en este caso como en otros, que no tiene sentido que sea delito ofender los sentimientos de la gente. Pienso que cuando el 510 del Código Penal dice “quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito” exige algo más que sentimientos ofendidos. No entiendo que con la frase del autobús se esté humillando, menospreciando o desacreditando a los menores transexuales, ni que se menoscabe su dignidad, entendida como concepto que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencias 53/85 y 120/90, entre otras). Y si alguien que lea esto no está de acuerdo, que me lo explique. Si esto finalmente llega a juicio oral, estoy deseando leer el escrito de la acusación o el auto del juez de instrucción decretando la apertura del mismo para ver qué argumentos jurídicos utilizan, porque yo no veo dónde agarrarse.

Sin embargo, curiosamente sí que podría ser constitutiva de delito vía artículo 525 del Código Penal la performace de una drag queen vestida de Cristo y crucificada. Como ya comenté con ocasión del juicio a Rita Maestre, el artículo 525 no tiene sentido en un Estado laico (que no es el caso, porque somos un Estado aconfesional). La libertad religiosa debe pertenecer al ámbito privado de las personas, y tener un carácter negativo: es decir, se debe proteger que nadie pueda impedir su ejercicio a los ciudadanos. Pero el escarnio o la blasfemia no deben ser protegidas en un Estado laico. El mal gusto no debería delinquir. Pero así está hecha la Ley.

Para finalizar, decía al principio que no iba a entrar en el fondo del asunto (y no lo voy a hacer), pero voy a dar una pequeña pincelada. Hasta donde sé, tengo claro que el sexo es algo fisiológico, en el sentido de que el cromosoma Y determina el sexo masculino. La identidad sexual es algo psicológico, distinto de lo físico, y requiere toda la atención y protección para los menores afectados. Y (como en otros supuestos paralelos que me vienen a la cabeza) lo que hay que preguntarse es si las medidas tomadas hasta el momento han servido para algo, o qué podemos hacer para mejorar la situación.