ESOS COJONES, EN DESPEÑAPERROS


Este país no tiene arreglo. Definitivamente.

Tenemos una comunidad autónoma cuyo gobierno ha declarado por escrito su insumisión a las leyes del Estado gracias al cual existe como tal. Donde el partido gobernante ha hecho un “banco malo” consigo mismo, dejando la actual marca para afrontar su responsabilidad en los casos de corrupción en la que se encuentra implicado (15 sedes se encuentran embargadas por el caso Palau), y los créditos y deudas que tiene en la actualidad (3,5 millones de euros que piensan enjugar con la venta de su sede principal a unos inversores chinos), y creando una nueva como una especie de fresh start. Donde se ha convocado un referéndum ilegal sin que haya pasado nada. Donde su deuda pública está calificada como bono basura.

Donde se recorta en sanidad y educación, pero aumentan las partidas presupuestarias destinadas a la difusión de la lengua catalana o a “embajadas catalanas” en el extranjero. Donde un pequeño comerciante se gasta 20.000 euros en abogados por rotular en castellano, o se incumplen de forma reiterada sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.

Pero lo importante es el fútbol y las esteladas.

Como dice Vicente Torres hablando de este mismo asunto: “La ingenuidad puede mover a compasión cuando el perjudicado por la misma es el propio sujeto que la sufre, pero cuando incurren en ella los encargados de cuidar bienes ajenos, en este caso los intereses de la sociedad española, es criminal (…) Los nacionalismos han hecho mucho daño a todos los españoles, empobreciéndoles al tener que dedicar gran cantidad de recursos en chorradas improductivas, cuando no nefastas.”

Señala acertadamente Tsevan Rabtan en un lúcido artículo que la decisión de la delegada del Gobierno en Madrid es sólo una decisión administrativa recurrible ante los tribunales, y que como tal ha sido revocada por un juzgado de Madrid. Arbitraria como muchas otras, y que podemos recurrir ante un juez.

Conclusión: el Estado de Derecho y la Ley han funcionado perfectamente, salvaguardando la libertad de expresión.

Ese mismo Estado de Derecho que se quieren cargar los que se rasgan las vestiduras invocando esa libertad de expresión, esos mismos que en su CCAA inventan tribunales de excepción como el CAC para silenciar medios de comunicación, en la mejor tradición totalitaria; y que persiguen a los comercios que rotulan en el idioma común. Los mismos que incumplen sistemáticamente el artículo 11.4 de la ley 12/2009, de 10 de julio, aprobada por el tripartito:

“En el curso escolar en el que los alumnos inicien la primera enseñanza, las madres, los padres o los tutores de los alumnos cuya lengua habitual sea el castellano pueden instar, en el momento de la matrícula, y de acuerdo con el procedimiento que establezca el Departamento, que sus hijos reciban en aquélla atención lingüística individualizada en esa lengua”.

Ley que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional desde hace 6 años (no hay prisa…), y que es contraria a la actual ley educativa estatal vigente.

Pero esperen, que ahora viene lo mejor.

Hemos llegado al absurdo de que la LOMCE, que teóricamente garantiza la libertad de elección de lengua en la que los niños pueden estudiar, establece (Disposición adicional trigésima octava) que si alguien no puede inscribir a sus hijos en un colegio público en el que se estudie en castellano o en bilingüe, porque la administración autonómica no lo contempla (sic), el Estado les permite matricularlos en un colegio privado, y luego se compromete a pagar a la familia ese coste. Acojonante. Si una CCAA se niega a cumplir la ley, no pasa nada, y el Gobierno central asume las consecuencias.

Con todo lo que hay en marcha, y vamos a poner el foco en las banderitas, y en qué se puede o no introducir en un campo de fútbol.

Ante este panorama, a la Delegada del Gobierno, al partido que la nombró y al Gobierno en funciones: esos cojones, en Despeñaperros.

La democracia no se distingue porque la gente pueda votar. En las dictaduras y en los regímenes totalitarios se vota, y a veces mucho. Lo que distingue la democracia es que las libertades están protegidas, incluida la libertad de expresión de aquellos que quieren acabar con la libertad de expresión de los no afectos y con el propio Estado de Derecho.

Y otra cosa más: que la ley vigente se respeta, incluso por los cargos públicos, y si no se hace, hay consecuencias. De eso andamos un poco más escasos, porque el Gobierno no parece muy por la labor. Pero eso da igual, porque aquí nunca pasa nada.

 

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