PRESOS POLÍTICOS, PRESOS Y POLÍTICOS (II)

Imaginemos un país en el cual teóricamente el régimen es democrático y en él se celebran elecciones para elegir su parlamento. Hay libertad de asociación, de reunión, y se cumplen todos los derechos de la carta de los Derechos Humanos de la ONU, pero con las siguientes particularidades:

• Los miembros de los partidos de la oposición son asesinados, marginados, acosados, con hechos desde el simple vacío social hasta el asesinato, pasando por pintadas, agresiones, daños en sus propiedades y marginación. De modo que tienen que ir con escolta. Un año concreto fue tan sangriento que hubo un muerto cada 60 horas.
• Tanto es así que muchas veces es complicado conseguir candidatos para las elecciones y hay que presentar personas de fuera de la localidad de que se trate, o incluso del país, cuando la legislación lo permite.
• Una organización mata a los políticos que no son de su signo; los amenaza con la connivencia de su brazo político; extiende su influencia a través de todo tipo de organizaciones (fundaciones, cooperativas, bares, restaurantes, asociaciones, empresas, universidades, escuelas). Extorsiona y recauda dinero a empresarios. Incluso figuras del deporte son extorsionadas.
• Es complicado poder hacer campaña electoral, porque los actos de los partidos perseguidos no se permiten, se boicotean y se amenaza a aquellas personas que quieran participar.
• Cientos de miles de personas no afectas al régimen gobernante han tenido que exiliarse, ante la amenaza o los atentados a sus vidas. Se calcula en unas 200.000 personas. Lógicamente, ya no pueden votar o ser candidatos allí.
• Aparte de políticos, policías o militares, miles de civiles son asesinados, mutilados o heridos a consecuencia de los atentados.
• Se producen daños de forma habitual en mobiliario urbano, bancos, cajeros, autobuses, de forma intencionada y sistemática.
• El Gobierno y los partidos de su entorno no se ven afectados por todas estas circunstancias. Solamente aquellos partidos de la oposición no afectos al Gobierno.

No estoy describiendo ningún país africano a medio camino de la democracia, o un país sudamericano lleno de organizaciones mafiosas, de narcotraficantes o de bandas como las maras. Lo que acabo de describir ha ocurrido en España, y más concretamente en el País Vasco durante los últimos 36 años. Lo increíble es que sólo Fernando Savater en 2007 pidiera la suspensión de las elecciones, dada la situación de violencia descrita.

En este marco, los asesinos o quienes colaboran con ellos, cuando son detenidos, se autodenominan “presos políticos”. Y equiparan la violencia terrorista a la violencia del Estado “opresor”.

En cualquier Estado democrático, el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Todos los ciudadanos lo hacemos así, a cambio de que nos proteja. Otra cuestión es el exceso de violencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si alguien tortura o lleva a cabo actividades ilícitas, que se le juzgue, y si es culpable, que se le condene.

Ya traíamos a colación en la entrada anterior el texto de Fernando Savater: preso político es “sólo quien ha sido condenado a prisión por realizar actividades políticas ilegales; pero no quien va a la cárcel por cometer cualquier tipo de delito por motivos políticos”.

Como dice Félix Ovejero en un magnífico artículo, con las premisas que estamos manejando hasta Bárcenas podría ser un preso político. Y en mi opinión lo clava en este párrafo: “Quienes defienden a Otegi por su condición de “preso político” pretenden revestirlo de dignidad. Como si un delito por razones políticas fuera más noble que aquel que no busca decorarse moralmente. Y no; obviamente, los motivos no purifican los procedimientos. Después de todo, algunos matan por amor o por el reino de Dios. En realidad, en una sociedad democrática, invocar objetivos políticos para realizar crímenes debería considerarse un agravante, si estamos de acuerdo en que la primera exigencia de la política democrática es el respeto a la dignidad de los otros”.

Esta sociedad adolescente, voluble, cobarde, inmoral y acomodada no estará en paz consigo misma hasta que no se recuerde en voz alta la situación de los años del plomo y se condene sin paliativos la historia de ETA. Que haya cargos públicos en este país que hagan homenajes a asesinos, que les jaleen a la salida de la cárcel, es prueba evidente de la podredumbre moral que padecemos. Imaginemos que alguien vaya a la salida de la cárcel a dar ánimos a un violador. Que un señor que ha secuestrado, torturado e intentado asesinar ciudadanos en democracia, y que no se ha arrepentido en absoluto de ello, sea calificado como “hombre de paz”, es algo terrible.

En palabras de Ángeles Escrivá, «los dirigentes de la izquierda abertzale se dieron cuenta de que los atentados les abocaban a la desaparición y no tuvieron más remedio que desestimarlos. No lo hicieron por una convicción moral, desde luego, sino porque, ETA estaba abatida y ellos arrinconados por la ilegalizaciones». Pero nos siguen vendiendo que ellos fueron los que arrinconaron a ETA, y lo peor es que muchos políticos lo compran.

En el fondo, es un problema de legitimación social: desde los que como Otegi creen que ha sido perfectamente legítimo asesinar conciudadanos para conseguir sus fines (exactamente igual que un yihadista), pasando por aquellos que creen que son fines políticos legítimos perseguidos con medios reprobables, y terminando por otros que creen que hay que “dialogar” y que algo de razón tendrán. Como dijo en una entrevista a Gara el actual presidente del Congreso de los Diputados: “Por lo tanto, todo requiere mucha voluntad política para saber que el adversario tendrá su parte de razón y que por encima tenemos que poner lo que nos une”.

Mucho me temo que estamos en las puertas de un apaño en el que el relato de la historia lo harán los etarras. Como dijo Ángeles Escrivá en una entrevista en 2012 resumiendo perfectamente la situación, «creo que se ha optado por no derrotar a ETA según el concepto de vencedores y vencidos. Se prefiere una salida como la que suelen concebir los expertos internacionales en resolución de conflictos y que apuesta más por la concordia auspiciada por el lehendakari López que por la derrota. En el País Vasco la ciudadanía se inclina más por esta solución, o eso creen los políticos, y por eso es la que se está adoptando. En el resto de España los ciudadanos están demasiado preocupados por la crisis y los políticos confían en que, si ETA no atenta, el resto de las cuestiones no les resultarán excesivamente gravosas». Y cuatro años después podemos decir que desgraciadamente se está cumpliendo el pronóstico.