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PRESOS POLÍTICOS, PRESOS Y POLÍTICOS (I)


Con la salida de la cárcel de Arnaldo Otegi después de cumplir los 6 años de condena que le impuso el Tribunal Supremo (rebajando los 10 años a que le condenó la Audiencia Nacional), asistimos a un intercambio en twitter de lo más suculento entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, al que ya hice referencia en la entrada anterior.

En esta primera parte, trataré de argumentar por qué creo que la condena es justa. En otra entrada posterior, me extenderé sobre la cuestión desde el punto de vista puramente político.

Primero vamos con los hechos, relatados por mi amigo Manolo de su Facebook:

1- La Audiencia Nacional condenó en 2011 a 10 años de prisión a Otegui por integración en ETA en calidad de dirigente al intentar reconstruir Batasuna. Aquí la sentencia completa.

2- En mayo de 2012, el Tribunal Supremo rebajó de diez a seis años y medio la pena impuesta a Otegui por el delito de pertenencia a organización terrorista que le había puesto previamente la Audiencia Nacional, al considerar que no debería haber sido condenado en grado de dirigente (muy discutible leyendo la sentencia de la AN).

3- En julio de 2014, el pleno del Tribunal Constitucional ratificó la condena a Otegui por el TS a seis años de prisión por un delito de integración en organización terrorista.

Y estos son sus otros antecedentes, ya que esta no era su primera vez:

  • 21 de febrero de 1989: fue condenado a seis años de prisión por el secuestro del director de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua Palacios, al que torturaron jugando a la ruleta rusa. Estuvo en prisión en total 3 años (1989-1990/1991-1993).
  • 26 de marzo de 2005: ingresó en prisión preventiva acusado de un delito de pertenencia a banda armada. Salió de prisión tras depositar una fianza de 400.000 euros.
  • 29 de marzo de 2006: el juez Grande Marlaska ordena su ingreso en prisión, acusado de inducir más de cien actos violentos durante la huelga celebrada en el País Vasco y Navarra aquel mismo mes. Salió a los pocos días tras depositar una fianza de 250.000 euros.
  • 8 de junio de 2007: ingresa en prisión, en Martutene, para cumplir la condena de 15 meses de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional por su participación en el homenaje al histórico miembro de ETA José Miguel Beñarán, Argala, en diciembre de 2003. Salió el 30 de agosto de 2008.
  • Fue absuelto, en cambio, de otros como el secuestro del embajador y destacado miembro del PP Javier Rupérez o del intento de secuestro e intento de asesinato de Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución.

Ciñéndonos estrictamente a los hechos por los que en 2011 se le condenó, los que nos dicen que Otegi es una víctima y que ha sido encarcelado “sólo por opinar”, como ha afirmado Raul Romeva, o por sus ideas, como escribió Pablo Iglesias, es que las sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Constitucional no prueban el hecho por el que se le condena, que es su pertenencia a ETA.

Iker Armentia escribió en 2013 este artículo (Diez razones para excarcelar a Arnaldo Otegi) en el que argumenta los motivos por los cuales según él no debería haber sido condenado. Estas son las razones por las que pienso que está equivocado:

1.- “Hacia la estrategia independentista de la nación organizada”: Armentia afirma que este documento de ETA se usó como base para la condena, y que en la sentencia de 5 de mayo de 2011 del Tribunal Constitucional por la que se estima el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba las candidaturas de Bildu se consideró insuficiente ese mismo documento para la ilegalización.

Aparte de no ser cierto que constituya la base de la condena, ya que es sólo un elemento probatorio más, tal y como demuestra Javier Tajadura Tejada en un excelente y detallado artículo, esa sentencia se trata de un caso de extralimitación de funciones y competencias del Tribunal Constitucional, vulnerando de forma flagrante la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al entrar a valorar la prueba practicada con anterioridad. No puedo extenderme por cuestión de espacio, pero esta sentencia es todo un ejemplo de pucherazo político y de cómo el TC se salta toda su propia jurisprudencia y la misma ley que lo regula. Además, es sólo una sentencia y hay muchas argumentadas en sentido contrario. Debe ser un ejemplo de las togas manchadas por el polvo del camino, no vayamos a crear un Guantánamo electoral…

2.- El hecho de que ETA y Otegi discrepen en detalles de la estrategia no es óbice para que éste finalmente siga la estrategia de la banda terrorista. Finalmente lo hace, pese a que el periodista sostiene lo contrario.

3.- La no condena a ETA no es un argumento jurídico para incriminarle: pero lo que omite el periodista es que la sentencia del TC 126/2009 dice per se (“La negativa a condenar expresamente el terrorismo no es, por tanto, indicio bastante para acreditar per se una voluntad defraudatoria (electoral”). Por sí misma no es suficiente, pero sí lo es si viene acompañada de otras pruebas, como es el caso. Y aparte de este argumento, ¿cómo me voy a creer que alguien no obedece a ETA si no reniega de su estrategia, su existencia y su historia anteriores?

4.- Es falso asimismo que la Declaración de Alsasua y otros documentos no sean tenidos en cuenta por ser posteriores a su detención. Obviando la cuestión de si los procesados son los autores o no del documento, la verdadera razón que da la sentencia es la siguiente: “En cualquier caso, ni en aquel primer documento, ni en los dos restantes, aparece de manera diáfana una condena a la violencia de ETA, sino que expresamente se recoge un reparto de roles entre la Izquierda Abertzale y ETA, pues aquel conjunto de formaciones sectoriales se encargaría de las iniciativas de índole político-institucional, en tanto que la organización terrorista sería la que negociaría con el Estado el fin de la violencia que ejerce. Ello constituye una reiteración de los dos planos (político y militar) en que siempre se ha desenvuelto ETA”.

5.- Afirma el autor que como el tribunal no puede probar que Otegi pertenezca a Bateragune, “crea un órgano nuevo, sin nombre, y le resta importancia a que los acusados pertenecieran o no a Bateragune”. Lo que dice la sentencia es que da como hecho probado la existencia de un “órgano o comisión de coordinación y dirección de la Izquierda Abertzale compuesto por los aquí acusados, encargados por ETA de planificar y gestionar la nueva estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas tutelada por la mencionada organización terrorista”, sin que se pueda probar que se llame Bateragune. Pero que cumple la misión que ETA le ha encomendado, y así queda probado en autos.

6.- Con independencia del testimonio de un agente del CNI que cita el autor, los textos que la sentencia de la AN considera de la ponencia “Clarificando la fase política y la estrategia” son inequívocos respecto de la subordinación de la izquierda abertzale a ETA, y esa valoración, como la de toda la prueba, le corresponde al tribunal, no al testigo ni al periodista.

7.- Queda probado en la sentencia de la AN que Otegi, “en su calidad de portavoz y corresponsable del grupo extraído de la Izquierda Abertzale” estaba “encargado de elaborar la nueva estrategia de ETA diseñada en diciembre de 2008, donde hacía primar la faceta política sobre la militar, sin abandonar esta última”.

8.- Hay un nuevo elemento de juicio: la confesión que realizaron los 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, por la cual reconocieron su integración en organización terrorista, y que se ha visto corroborada por la prueba testifical que llegó a practicarse en el juicio, que comenzó a celebrarse el 3 de diciembre de 2015, y por la prueba documental. Aunque posterior y no aplicable al juicio de 2011, demuestra de forma palmaria que Batasuna forma parte de la estructura de ETA.

Respecto del voto particular del magistrado Alberto Jorge Barreiro, es vergonzoso que un magistrado del Supremo avale la STC 61/2011, y no diga absolutamente nada del atropello jurídico que supone, al entrar a valorar la prueba practicada con anterioridad, cosa que tiene radicalmente prohibida el TC por ley.

El Tribunal Constitucional no es una última instancia (no es en realidad un “tribunal”), sino un órgano político de control de la legalidad constitucional, sobre todo en lo referente a los derechos fundamentales. Tal y como dice Pérez de Cobos en su voto particular, “la vía de amparo no es una nueva instancia en la que pueden revisarse o alterarse los hechos que han sido tenidos por probados por los órganos judiciales”. Esto lo sabe cualquier estudiante de Derecho.

Como vemos, se trata de una sentencia escandalosa, contraria a toda la jurisprudencia anterior del propio TC y la legalidad vigente. Blanquear a ETA para que nos dejen de matar, supongo. ¿Y qué ganan ellos? Poder.

En todo caso, niego el calificativo a este individuo de “preso político”. Y es que, como escribió Fernando Savater, “¿Quién puede ser llamado «preso político»? Sólo quien ha sido condenado a prisión por realizar actividades políticas ilegales; pero no quien va a la cárcel por cometer cualquier tipo de delito por motivos políticos (…) Difícilmente puede ser llamado «preso político», en cambio, el que asesina, extorsiona, roba, tortura, secuestra, apalea o causa estragos movido por ideas políticas (o por ideas raciales, o por ideas religiosas). La motivación de un delito no basta para calificar de modo excepcional a quien lo comete, salvo psicológicamente: si fuera de otro modo, el que mata a su pareja por celos habría de ser llamado preso pasional, el que asalta un banco o estafa sería un preso codicioso y el que viola a alguien tendría que denominarse preso concupiscente. En todos esos casos se trata de personas que quieren imponer sus deseos a otros o a todos, conculcando los derechos legítimos de los demás y utilizándolos como medios para sus fines”.

Para la siguente entrada abordaré el plano puramente político del asunto, y ya avanzo que no me voy a mantener tan exquisitamente técnico como en esta.

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  1. 19 abril, 2016 en 21:11

    Muy interesante, si señor.

    Un abrazo.
    EQM

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