Inicio > para leer sólo mis entradas sobre política, todas las entradas > JUDICIALIZAR LA POLÍTICA Y POLITIZAR LA JUSTICIA

JUDICIALIZAR LA POLÍTICA Y POLITIZAR LA JUSTICIA


El Presidente del Gobierno está efectuando en estos días una ronda de entrevistas con los principales líderes políticos a raíz del registro por parte de Junts pel Sí y la CUP de una moción parlamentaria para crear un Estado independiente y desobedecer las leyes del Estado. Además supone la creación de un Estado paralelo (embajadas, AMI, SITAL, AMC, etc) pagado paradójicamente con fondos del Estado central, mientras no hay dinero para pagar a las farmacias en Cataluña.

Ante esta situación, Alberto Garzón, candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, dijo que judicializar” un “problema político” como a su juicio es el de Cataluña sólo puede “prolongarlo continuamente” generando “mucha más crispación”. En el mismo sentido se han manifestado el PSC y Pablo Iglesias (a Iglesias le parece “absurdo que pase una cosa así” y bromea con que la judicialización de este acto “parece que la hubiera diseñado el propio jefe de campaña de Mas”) sobre el tema catalán. También Pedro Sánchez ha opinado en el mismo sentido de que es “un error judicializar la política”.

Por otro lado, tenemos al Gobierno del PP que por boca de Rajoy dice que mientras él sea presidente del Gobierno se va a cumplir la ley (esa misma ley que lleva incumpliéndose durante décadas, junto con sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional).

Y Albert Rivera dice que se siente desamparado por la inacción del Gobierno, pero él tampoco hace nada, porque ya dejó bien claro que un partido político no es un despacho de abogados. Dice que la fiscalía tenía que haber actuado antes del 9-N, pero él no lo hizo. Como si tuviera prohibido por ley interponer una querella en los tribunales.

Y finalmente UPyD es el único que ha hecho algo, interponiendo una querella contra los firmantes de dicho documento.

Con la judicialización de la política creo que hay equívocos graves. José Sarney dice en un artículo que publicó en El País en 2013 que “otra consecuencia es la progresiva judicialización de la política. La justicia ha pasado a ser una tercera instancia del juego democrático, con el riesgo de que ella misma se politice y se involucre en los conflictos y enfrentamientos políticos”. Señor Sarney, bienvenida la justicia como tercera instancia del juego democrático, ¿le suena el principio de separación de poderes y un tal Montesquieu?

Rafael Iturriaga, en un artículo también publicado en El País en el año 2007, acierta en mi opinión cuando dice “creo, sin embargo, que la cuestión se analiza de un modo superficial. Se magnifica alguno de sus efectos con cierta demagogia y se olvidan otros con cierta hipocresía”. Como señala muy acertadamente en su artículo, se dice que “el fenómeno que llamamos judicialización viene a señalar la tendencia (se supone que excesiva, aunque nadie pueda señalar cuál es, a ciencia cierta, el justo término) a dirimir ante los tribunales controversias específicamente políticas”. Da cierta pereza y vergüenza tener que recordar cosas de Primero de Ciencias Políticas o de Derecho como que:

  • La democracia y el Estado de Derecho tienen uno de sus más importantes fundamentos en la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), y sus controles y contrapesos (checks and balances).
  • El Estado de Derecho se caracteriza porque todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. El poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de hacer efectivo la idea del Derecho como elemento regulador de la vida social.
  • El ejercicio de una acción judicial supone como tal ni más ni menos que el ejercicio de un derecho por parte de los ciudadanos, consagrado en la Constitución Española en su artículo 24. Como dice Rafael Iturriaga, “debemos ser muy remisos a la hora de considerar como patología lo que, en sí mismo, no supone sino el ejercicio de un derecho. No dejaría de ser, de todas maneras, una patología menor propia del crecimiento, de la adolescencia, del necesario afianzamiento cultural de una democracia que, en realidad, sólo tiene 30 años”.

Y cito porque yo no podría explicar mejor: “Lo que no parece válido, es la apelación (tantas veces oída, sin embargo) al trasnochado principio de los actos políticos inmunes (factum principi). El ámbito de los actos públicos excluidos del control judicial tiende a cero. El principio que ha de regir cuando observamos la acción de los poderes públicos es justo el contrario, el “pleno sometimiento a la ley y al derecho” que proclama el artículo 103 de la Constitución Española”.

En efecto, los mismos que critican la judicialización de la política son los que defienden que seamos el país de los 17.621 aforados, que en el fondo es inmunizar los actos de aquellos que son aforados, teniendo en cuenta además el hecho que veremos más adelante.

Y que mi gran amigo Emilio López, jurista con muchos años de profesión, lo resume de una forma más castiza: “vamos a ver, cuando alguien comete un delito, en un país democrático y de Derecho, se le lleva ante los tribunales. Cuando alguien infringe la ley, se aplican las consecuencias que marca la ley, precisamente para no usarse medidas arbitrarias propias de lo que seria un estado totalitario”. Y yo añado: y si se hace desde la propia estructura del Estado, con mucho mayor motivo, puesto que los medios de que dispone son mucho más poderosos que cualquier ciudadano.

Y con esto llegamos al nudo de la cuestión: los partidarios de la no judicialización de la política lo son y a grandes dosis de la politización de la justicia, repartiéndose a sus miembros entre todos ellos: nombrando a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. O sea, que se quieren cargar a Montesquieu, Locke, los controles y contrapesos, la independencia judicial y el Estado de Derecho.

¿Quién se cree que el magistrado que va a juzgar a un político va a ser neutral si lo ha nombrado él? Ahora se comprende su empecinamiento en no reducir el número de aforados. Pero eso sí, a todos les preocupa mucho que se judicialice la política.

Claro que son los mismos que no les ha importado politizar las Cajas de Ahorros, las televisiones autonómicas o los organismos reguladores, con los resultados que todos conocemos. Y nuevamente UPyD ha sido el ÚNICO partido que ha estado en contra, y no solo eso, sino que pudiendo participar del reparto de la tarta, se ha quedado fuera por propia voluntad y convicción. Su silla se ha quedado vacía.

Evidentemente la conveniencia de que un partido político se dedique a interponer querellas como si fuera Manos Limpias es algo que podemos discutir. Frente a ese argumento, hay que decir en primer lugar que la situación en Cataluña es excepcional y única en todos los años que llevamos en democracia desde la promulgación de la Constitución, siendo de facto un golpe de Estado, o como mínimo un delito de sedición y rebelión. Y en segundo lugar, señalar que las querellas de UPyD no se hubieran producido si alguien hubiera hecho su trabajo: el Fiscal General del Estado, que es nombrado por…¡el poder ejecutivo!, el abogado del Estado, o los organismos reguladores (CNMV, Banco de España, FROB). Creo que habría que cambiarle el nombre al fiscal y llamarle “Fiscal General del Gobierno”, sería mucho más acertado, dado su papel de abogado defensor de Rato en el caso Bankia, por ejemplo.

UPyD ha llegado a actuar en los tribunales ante la inacción de todos los mecanismos reguladores y de quienes según la ley tienen la obligación de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados”, según reza el artículo 124 de la Constitución.

Y ahora elijan ustedes entre quienes defienden el Estado de Derecho incluso por encima de sus posibilidades y aquellos otros que tratan de instrumentalizarlo para sus propios intereses particulares, que no tienen nada que ver con el de la ciudadanía.

Les advierto de que las urnas todavía están vacías, y las encuestas no suman votos. La última decisión la tenemos los ciudadanos, y esto sigue siendo un Estado democrático de Derecho. De momento.

Y Rajoy asegura que mientras él sea presidente del Gobierno se va a cumplir la ley. Lo que no sabemos es cual. A lo mejor es la ley del Oeste.

Anuncios
  1. 4 noviembre, 2015 en 15:52

    ¡¡¡ Muy bueno, Don JoseJazz !!!

    Pero dichosa ley de Hont , y dichosas circunscripcciones electorales mal hechas que hacen que los votos tengan distinto valor según donde se emitan, porque en estos momentos tan preocupantes , y con esa ley electoral, tendremos que pensar también en que nuestro voto no se desperdicie…

  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: