¿MORDAZA CON RANGO DE LEY?


Ahora que voy a tener más tiempo, voy a perderlo gozosamente con aquellas cuestiones interesantes en las cuales antes no podría profundizar lo suficiente. Y a sugerencia de mi amigo Rafa, poeta y escritor de reciente éxito residente en Canarias (por el momento), voy a analizar la llamada Ley Mordaza, o por su nombre oficial, Ley de Seguridad Ciudadana.

Para llevar la contraria a todo el mundo, antes de ponerme a escribir o a hablar sobre ella,  lo primero que he hecho es leérmela en el BOE del principio al final.

Y así a bote pronto ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención: el abuso de conceptos jurídicos indeterminados, que denota una pésima técnica legislativa. Por ejemplo, “manifestaciones ante infraestructuras críticas”, “perturbación de la seguridad ciudadana”, “supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia”, “poner en peligro la seguridad personal o familiar del agente”.

Para los no iniciados, se trata de conceptos que para su aplicación práctica alguien tiene que concretar y definir. Porque ¿quién decide cuándo se produce una perturbación de la seguridad ciudadana?

Ejemplo práctico: artículo 36, apartado 23 de la Ley. Se considera infracción grave:

“El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

En negrita tenemos el concepto jurídico indeterminado en este caso. Pero entonces, ¿está prohibido hacer fotos a los agentes de policía o no? Evidentemente no. Lo que se prohíbe es el “uso no autorizado (…) que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”. ¿Y quién decide cuál es el uso autorizado y el que no? (porque en la ley no viene). Pues evidentemente los agentes que sancionen; bueno, perdón, el ejecutivo, es decir, el Ministerio del Interior y los respectivos delegados del Gobierno, que son los que les darán las instrucciones a los agentes de la autoridad sobre cómo aplicar la ley.

Por lo tanto se sustrae el control de lo que son los supuestos tipificados como infracciones al poder judicial, lo cual ocurre también con el secuestro de material informativo, que tiene que hacerse mediante resolución judicial, y que de hecho podría producirse por parte de los agentes de la autoridad si se entiende vulnerado este artículo.

Al final, la determinación y concreción de esos conceptos jurídicos indeterminados se va a llevar a cabo por vía administrativa, no penal, que tiene unas garantías mucho menores, y con el coste añadido de las tasas (que no existen en el procedimiento penal y sí en el administrativo). En conclusión, se acaba judicializando igualmente, pero tarde, mal y con menos garantías para el afectado, y con un mayor coste.

Se ha pretendido despenalizar determinadas conductas que antes eran faltas y ahora pasan a ser simples infracciones administrativas. Se afirma que así se libera de carga a los juzgados por asuntos que suponían una carga en cuanto al número de procedimientos, aunque fueran de poca importancia. El problema es que con ese mecanismo, como hemos visto más arriba, se acude a una vía menos protectora que la jurisdicción penal. Todo lo anterior colisiona con el tratamiento limitador de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, en los cuales la prohibición va a venir del mismo poder ejecutivo, que a partir de ahora va a ser juez y parte. Es decir, que el mismo poder público limitador del derecho es quien juzga o no la oportunidad de la sanción, y quien interpreta el contenido de esos conceptos jurídicos indeterminados, sin que intervenga el poder judicial para el control de los límites a los derechos fundamentales. Y obligando al afectado a acudir con mayor coste y menores garantías si quiere que un juez controle la actuación de la Administración. Todo muy chirriante en una democracia de verdad.

Por otra parte, el hecho de que no se exija un resultado de daño a personas o bienes, sino un riesgo, o simplemente no tener la autorización correspondiente para manifestarse o reunirse, al tratarse de derechos fundamentales, supone una vulneración de la protección de los mismos consagrados en la Carta Magna.

El ejemplo más deleznable es considerar infracción grave manifestarse “frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas”. Esto sí que no hay por donde cogerlo.

Otro punto criticable es el aumento de las sanciones pecuniarias por conductas tipificadas como sanciones administrativas. Que por reunirse en “infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones”, o por “la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública” te puedan sancionar de 30.001 a 600.000 euros es sencillamente desproporcionado, con una doble finalidad recaudatoria y disuasoria.

La creación de un registro de infractores (artículo 43 de la ley) a efectos de comprobar su reincidencia realmente no es nada nuevo, sino la centralización de los registros ya existentes: el archivo de Personas de Interés Policial (Perpol) de la Policía Nacional, en el fichero de Interés Policial de la Guardia Civil (Intpol), y los de los cuerpos policiales autonómicos. Son los denominados antecedentes policiales, que son los que derivan de infracciones penales o no que han dado lugar a la práctica de diligencias, y su remisión al órgano judicial. Son distintos de los antecedentes penales, en los que un juez o tribunal ha condenado a alguien por una resolución judicial firme.

Por otro lado, hay cosas que ya estaban antes en la ley, como la presunción de veracidad de las actas levantadas por los agentes de la autoridad recogida por ejemplo en el artículo 19.2. El tema de los registros corporales regulado en el artículo 20 viene a ordenar la jurisprudencia sobre el tema sin hacer grandes innovaciones.

En resumen, podemos decir que se trata de una norma con intención claramente política del Gobierno del PP, para cortar de raíz los problemas que tiene en la calle, y que tiene que ver poco con su título.

Pero lo que no acabo de entender es su inoportunidad, sacarla ahora cuando les quedan pocos meses al frente del Gobierno, y están claramente en retroceso. Una ley que ha sido no sólo aprobada únicamente por el PP, sino además recurrida por toda la oposición en el TC, y ampliamente criticada en la prensa y entre la ciudadanía, no es algo positivo ni para ellos con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, ni para el país, ya que muy probablemente la ley va a durar poco en vigor.

Se trata de una ley ad hoc (hay artículos como el 36.9: “La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento”, que parece hecho ex profeso contra las actividades de Greenpeace), con la que el PP pretende acabar con las protestas ciudadanas o limitarlas, vulnerando el sistema de protección de derechos fundamentales y el derecho a la tutela judicial efectiva. Supone echar gasolina a la hoguera de la desafección de los ciudadanos por la política, y dice muy poco a favor de un Gobierno en un Estado democrático y de derecho.

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  1. 23 julio, 2015 en 22:42

    Resulta satisfactorio leer artículos en esta línea. Sobre todo porque se nota esa declaración casi al inicio: Para llevar la contraria a todo el mundo, antes de ponerme a escribir o a hablar sobre ella, lo primero que he hecho es leérmela en el BOE del principio al final.
    Me parece estupendo que cada cual opine lo que quiera sobre un hecho. Lo que apenas observo en muchos casos es la demostración del conocimiento del hecho en sí para después expresar una opinión, en la dirección que sea. Lo que percibo con más frecuencia, en cambio, es que se opina sobre opiniones o sobre conjeturas o sobre lo que se ignora.

    No es el caso aquí y de ahí mi satisfacción. Además, se da la coincidencia de que opino de forma muy parecida a lo que he leído. Como táctica política esta ley es un despropósito. Como “artefacto” legal me parece una ley arbitraria por sus indeterminaciones, además de que está enfrentada a principios contenidos en leyes de rango superior, como la propia Constitución. Mala cosa.

    Un saludo.

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