PAROT, ESTRATEGIAS Y DERECHO PENAL


Cuando supe que el TEDH de Estrasburgo ordenaba la liberación de una de las terroristas más sanguinarias de la historia de España, pensé dos cosas: una, que aunque el Estado había recurrido la sentencia, las posibilidades de revocarla eran muy pocas (muy acertado por cierto el post que escribió Rodrigo Tena Arregui entonces). Y la segunda, una conversación que mantuve cuando yo era un inocente estudiante de segundo curso de Derecho en la UAM con mi entonces profesor de Derecho Penal: hablando del tema de la rehabilitación y la reinserción de los presos, después de una perorata buenista que había soltado en clase, me dijo en voz baja: “mire, todo eso que acabo de contar es una milonga. Lo de la reinserción ya no se lo cree nadie, ni el Ministro de Justicia, bueno, ese menos que nadie”. Y me dijo que lo de la reducción de las penas por días trabajados, aparte de ser una antigualla franquista, “nos va a explotar en la cara más temprano que tarde”. Transcurría el año 1988. El 14 de febrero de 1996 (ya en vigor el denominado Código Penal de la democracia) Jon Bienzobas asesinó en esta universidad a Francisco Tomás y Valiente. El código penal de 1995, que acabó con la remisión de penas por el trabajo, entró en vigor en mayo de 1996.

Yo no soy penalista, pero quiero hacer unas cuantas reflexiones de sentido común. Es evidente que no puede ser igual matar a 30 personas que a una. Y tampoco es lo mismo matar y violar a un niño que a un adulto. Lo que se llama prevención general en Derecho Penal (en sentido positivo) significa que si alguien comete un delito, la sociedad sepa que va a ser castigado por ello. No se trata como afirman algunos de venganza (eso sería prevención general negativa), sino de que la sociedad sepa que matar a 30 no sale igual que matar a uno. Y que asesinatos especialmente crueles también se han de castigar más. Por otra parte, está la prevención especial, que se dirige contra el propio delincuente, para que sea consciente que matar no es gratis, y ser un terrorista tampoco.

Soy firme partidario de que en determinados delitos cuya peligrosidad y alarma social sea máxima, la pena también lo sea. Es tan sencillo como cambiar la ley, y nos hubiéramos evitado este bochorno. En 1980 Adolfo Suárez redactó una ley que no llegó a debatirse; en 1983 los jueces se lo propusieron al PSOE; en 1991 ya se votó por cuarta vez haber cambiado la ley por iniciativa del PP con resultado negativo. Solo en 2003 se pudo introducir el cumplimiento íntegro de las penas para los peores delitos.

La interpretación jurisprudencial que se hizo a principios de la década del año 2000 denominada doctrina Parot es un ejemplo más de que Pepe Gotera y Otilio o Manolo y Benito son españoles hasta en la política y la judicatura. Se trata de “arreglar” por debajo de la mesa errores cometidos por los políticos en el pasado, aprovechando la politización de la Justicia, sin asumir el coste político por esos mismos errores. Tal y como por ejemplo se hizo el GAL. Y tal y como se hizo en su momento, se trata de deshacer desde el último proceso negociador, como por ejemplo ha destacado Ángeles Escrivá. En el fondo, como afirma Rodrigo Tena en otro artículo, es el mismo caso del bar Faisán y de Bárcenas. Y cuando nos miden con la regla del Estado de Derecho en Europa, nos sacan los colores de forma merecida. Ahora no se trata de hacer ingeniería jurídica o de no aplicar las resoluciones judiciales, sino de cumplir y aprender para la siguiente. En este caso, como afirma Antonio García Pablos (que sí es penalista y de los buenos), la sentencia huele a cocina de una estrategia ya pactada previamente (el famoso barro de las togas, ya saben).

Hay otra batalla más allá de la legal, que es la de la deslegitimación del terrorismo. Y esa batalla la estamos perdiendo. Cuando Iñaki Gabilondo dice que las víctimas del terrorismo “no tienen derecho a dirigir la política de este país”, y remata que “no es porque la justicia se ponga al lado de los verdugos, es porque la justicia democrática se imparte así, desde la imparcialidad”, está asumiendo la teoría del empate infinito y de la legitimación del terror. Porque la justicia no puede ser imparcial. Cuando hay una lucha de las pistolas contra las nucas, no hay justicia imparcial. Y cuando alguien no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, y no pide perdón ni paga las indemnizaciones a las que fue condenado, pues no ha satisfecho su deuda con la sociedad. Tenemos gente así sentada en el Parlamento y cobrando de los presupuestos que pagamos todos. Poner bombas no puede traer cuenta. Nunca.

¿Dónde está la reinserción? Los que ahora salen no han pagado su deuda con la sociedad, en más de un sentido, al contrario de lo que dicen muchos buenistas acomplejados. Solamente tenemos que aprender de los errores cometidos para no volver a repetirlos jamás. Hay determinados delitos execrables que deben ser castigados con el máximo peso de la ley.

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  1. 12 noviembre, 2013 en 12:52

    Un articulo muy interesante Jose, me ha gustado leerlo

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