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PAROT, ESTRATEGIAS Y DERECHO PENAL

29 octubre, 2013 1 comentario

Cuando supe que el TEDH de Estrasburgo ordenaba la liberación de una de las terroristas más sanguinarias de la historia de España, pensé dos cosas: una, que aunque el Estado había recurrido la sentencia, las posibilidades de revocarla eran muy pocas (muy acertado por cierto el post que escribió Rodrigo Tena Arregui entonces). Y la segunda, una conversación que mantuve cuando yo era un inocente estudiante de segundo curso de Derecho en la UAM con mi entonces profesor de Derecho Penal: hablando del tema de la rehabilitación y la reinserción de los presos, después de una perorata buenista que había soltado en clase, me dijo en voz baja: “mire, todo eso que acabo de contar es una milonga. Lo de la reinserción ya no se lo cree nadie, ni el Ministro de Justicia, bueno, ese menos que nadie”. Y me dijo que lo de la reducción de las penas por días trabajados, aparte de ser una antigualla franquista, “nos va a explotar en la cara más temprano que tarde”. Transcurría el año 1988. El 14 de febrero de 1996 (ya en vigor el denominado Código Penal de la democracia) Jon Bienzobas asesinó en esta universidad a Francisco Tomás y Valiente. El código penal de 1995, que acabó con la remisión de penas por el trabajo, entró en vigor en mayo de 1996.

Yo no soy penalista, pero quiero hacer unas cuantas reflexiones de sentido común. Es evidente que no puede ser igual matar a 30 personas que a una. Y tampoco es lo mismo matar y violar a un niño que a un adulto. Lo que se llama prevención general en Derecho Penal (en sentido positivo) significa que si alguien comete un delito, la sociedad sepa que va a ser castigado por ello. No se trata como afirman algunos de venganza (eso sería prevención general negativa), sino de que la sociedad sepa que matar a 30 no sale igual que matar a uno. Y que asesinatos especialmente crueles también se han de castigar más. Por otra parte, está la prevención especial, que se dirige contra el propio delincuente, para que sea consciente que matar no es gratis, y ser un terrorista tampoco.

Soy firme partidario de que en determinados delitos cuya peligrosidad y alarma social sea máxima, la pena también lo sea. Es tan sencillo como cambiar la ley, y nos hubiéramos evitado este bochorno. En 1980 Adolfo Suárez redactó una ley que no llegó a debatirse; en 1983 los jueces se lo propusieron al PSOE; en 1991 ya se votó por cuarta vez haber cambiado la ley por iniciativa del PP con resultado negativo. Solo en 2003 se pudo introducir el cumplimiento íntegro de las penas para los peores delitos.

La interpretación jurisprudencial que se hizo a principios de la década del año 2000 denominada doctrina Parot es un ejemplo más de que Pepe Gotera y Otilio o Manolo y Benito son españoles hasta en la política y la judicatura. Se trata de “arreglar” por debajo de la mesa errores cometidos por los políticos en el pasado, aprovechando la politización de la Justicia, sin asumir el coste político por esos mismos errores. Tal y como por ejemplo se hizo el GAL. Y tal y como se hizo en su momento, se trata de deshacer desde el último proceso negociador, como por ejemplo ha destacado Ángeles Escrivá. En el fondo, como afirma Rodrigo Tena en otro artículo, es el mismo caso del bar Faisán y de Bárcenas. Y cuando nos miden con la regla del Estado de Derecho en Europa, nos sacan los colores de forma merecida. Ahora no se trata de hacer ingeniería jurídica o de no aplicar las resoluciones judiciales, sino de cumplir y aprender para la siguiente. En este caso, como afirma Antonio García Pablos (que sí es penalista y de los buenos), la sentencia huele a cocina de una estrategia ya pactada previamente (el famoso barro de las togas, ya saben).

Hay otra batalla más allá de la legal, que es la de la deslegitimación del terrorismo. Y esa batalla la estamos perdiendo. Cuando Iñaki Gabilondo dice que las víctimas del terrorismo “no tienen derecho a dirigir la política de este país”, y remata que “no es porque la justicia se ponga al lado de los verdugos, es porque la justicia democrática se imparte así, desde la imparcialidad”, está asumiendo la teoría del empate infinito y de la legitimación del terror. Porque la justicia no puede ser imparcial. Cuando hay una lucha de las pistolas contra las nucas, no hay justicia imparcial. Y cuando alguien no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, y no pide perdón ni paga las indemnizaciones a las que fue condenado, pues no ha satisfecho su deuda con la sociedad. Tenemos gente así sentada en el Parlamento y cobrando de los presupuestos que pagamos todos. Poner bombas no puede traer cuenta. Nunca.

¿Dónde está la reinserción? Los que ahora salen no han pagado su deuda con la sociedad, en más de un sentido, al contrario de lo que dicen muchos buenistas acomplejados. Solamente tenemos que aprender de los errores cometidos para no volver a repetirlos jamás. Hay determinados delitos execrables que deben ser castigados con el máximo peso de la ley.

PARADOJAS DE LA DEMOCRACIA (II): ¿NO NOS REPRESENTAN?

11 octubre, 2013 Deja un comentario

En otra entrada anterior en este blog, hablando de la primavera árabe y el golpe de Estado en Egipto, escribí lo siguiente: “Yo tengo claro que el sistema democrático, en sus múltiples variedades, es el menos malo de todos los sistemas habidos hasta ahora. Problemas como la corrupción, la representatividad real de los ciudadanos, el sistema electoral, son acertijos a resolver y muchas veces complejos”.

Estos días he estado leyendo un estudio realizado por un amigo mío sobre el papel de la mujer en la primavera árabe, en el que analiza un conjunto de factores amplio, tales como qué impulsa a las mujeres a votar, qué hace que voten en un sentido u otro, o qué consecuencias tiene la falta de información. Junto con los sucesos del otro día en el Congreso de los Diputados, cuando tres activistas de FEMEN interrumpieron la sesión con gritos y pintadas sobre sus torsos desnudos, me ha hecho meditar sobre varias cosas relacionadas con el párrafo anterior.

Es evidente que hay una serie de grupos en España (15M, Democracia Real Ya, Afectados por la hipoteca) cuyo discurso se resume en la frase “no nos representan”. Sus argumentos son que, aunque el Gobierno haya sido elegido democráticamente (fíjense en ese “aunque”), como por un lado están incumpliendo su propio programa electoral; por otro, esos incumplimientos vienen como consecuencia de que lo que ellos llaman “la Troika” dicta realmente la política en nuestro país (luego el Gobierno es un títere); asimismo, esa política ha hecho recaer la carga de la crisis económica (los denominados recortes) sobre las espaldas de las rentas del trabajo y no del capital, sector el primero muy castigado con un 30 por ciento de desempleo; sumemos a esta circunstancia el hecho de que desde el inicio de la crisis se ha producido una clara desafección de la población hacia la clase política (y hay que decir que la inmensa mayoría de ellos no han hecho nada por corregirla, subiéndose los sueldos, no renunciando a prebendas, y manteniendo privilegios que el resto de trabajadores no tiene). Ha aumentado el deterioro de las condiciones de los funcionarios, mientras que el personal denominado de confianza no ha empeorado su situación, sino todo lo contrario. Añadamos una ley electoral injusta, y el hecho de que se han producido casos abundantes de corrupción, y fraudes en la banca (casos Bankia, Bárcenas, preferentes y otras cajas de ahorros), sin que los partidos políticos implicados hayan hecho otra cosa que enrocarse en los casos propios y atacar al contrario en los ajenos.

Con independencia de analizar la parte material de todo lo afirmado en el párrafo precedente, que será objeto de debate en otro post distinto, voy a centrarme en este en el tema de la representatividad política y en el “no nos representan”.

Carlos Martínez Gorriarán, en un magnífico artículo de su blog, titulado Islandia, la democracia y el papel de los partidos políticos, analiza el caso de Islandia después de la crisis económica. Este caso ha sido puesto como ejemplo muchas veces por los grupos antisistema mencionados más arriba como un caso posible de democracia auténtica o asamblearia, donde los responsables de los bancos y los políticos culpables fueron a la cárcel. En dicho artículo, Gorriarán demuestra que la realidad no fue tal y como cierta prensa ha vendido. Y afirma, y yo estoy de acuerdo, que la democracia asamblearia y plebiscitaria fue posible en la Grecia clásica, pero ahora ya no lo es. Los ciudadanos somos demasiado diferentes (y demasiados numéricamente) como para que la sociedad se pueda regir por asambleas presenciales o virtuales.

Todavía estoy esperando que alguien me explique el sistema alternativo a la democracia parlamentaria. ¿Una asamblea en la Puerta del Sol donde todos podamos proponer leyes y se voten a mano alzada? ¿Proposiciones de ley por internet donde votemos todos con firma electrónica? Lo de las asambleas del 15M fue una experiencia interesante en el sentido de volver a fomentar que los ciudadanos participen en la política. Me hace gracia cuando dicen que la política es cosa de los políticos. En realidad, todos somos políticos, en el sentido de participar en los asuntos de la polis.

De momento, como decía al principio, este sistema es el menos malo de todos los que he conocido en la práctica. Yo desde luego no quiero el sistema de Cuba o Corea del Norte. Pero está muy lejos de ser perfecto. El problema concretamente en España es hemos pasado de democracia a partitocracia, y los partidos (y los dos sindicatos mayoritarios, y la patronal) han invadido la esfera de la sociedad civil en muchos aspectos: consejeros en las Cajas de Ahorro, en empresas, han invadido asociaciones civiles, fundaciones y ONGs (no citaré nombres, pero cada uno se puede imaginar las que tenga más cerca), organismos reguladores. Los partidos se han convertido en polos creadores de clientelismo social, creando redes de dependencia, tanto a través del propio organigrama del Estado (el caso por ejemplo de los vocales vecinos en el Ayuntamiento de Madrid, donde un vocal vecino puede ganar 1000 euros mensuales por ir a un pleno al mes, aunque realice más tareas relacionadas con el puesto) como en multitud de entidades públicas dependientes directamente del aparato del Estado. Sin entrar en que el control externo de la actividad del Estado es casi inexistente, por un lado; y por otro, la información de la que disponen los ciudadanos también lo es. Elisa de la Nuez destripa en este artículo la (presunta) ley de transparencia recién aprobada, y demuestra cómo ha sido un gesto de cara a la galería. La ley, como dice Gorriarán, es uno de los instrumentos para controlar la partitocracia; complicado desde el momento que ellos mismos son las que las tienen que aprobar y no quieren hacerlo. La otra forma es el voto. Y ahí entra en juego la responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos. No sirve de nada manifestarnos contra la corrupción si luego votamos a los mismos corruptos que no quieren cambiar esas leyes que no les controlan y les permiten mantener sus tentáculos sobre la sociedad civil. Quizá porque muchos de los que les votan forman parte de esos tentáculos. Están presos en ellos.

Y finalizo con una discursión que mantuve hace poco en las redes sociales al hilo de la ley Wert. Una amiga afirmó que UPyD había votado a favor de esa ley. Cuando le demostré por escrito que no, me invitó a que nos pusiéramos la “camiseta verde” y nos comprometiéramos como otros partidos a derogar la ley al llegar al poder. Le enseñé el texto del acuerdo que firmaron los partidos de izquierda con los nacionalistas, en el cual se comprometían a aumentar las competencias autonómicas en educación, contrario a nuestro programa, y concluí que yo no podía firmar algo que iba en contra de mi programa electoral. Aparte que si cuando deroguen esta ley volvemos a la LOE o a la LOGSE, a mí ahí no me van a encontrar. Decir que no a todo es muy fácil, ¿tienen todos ellos el mismo programa?

Es evidente que al sistema hay que darle la vuelta como a un calcetín. Pero mientras tanto, entre negarme a todo por sistema, o trabajar para intentar mejorar una ley muy mala, yo elijo la segunda opción. Si consigo por ejemplo que los niños en Cataluña puedan estudiar en castellano, que se respete más a los profesores en el aula o que se cree un banco de libros de texto, por lo menos habré mejorado un poco la situación. Porque un parlamentario, en cuanto representante de la soberanía popular, de los que le han votado y de los que no, tiene la obligación de trabajar para intentar mejorar las cosas y resolver los problemas reales de los ciudadanos. Ni más ni menos.

Espero vuestros comentarios y opiniones.

DE ESPAÑA A CROACIA EN MOTO: EL VÍDEO DEL VIAJE

5 octubre, 2013 1 comentario

Bueno, y ésta es la guinda sobre el pastel: con varios vídeos grabados a lo largo del viaje por Mar (que no por mar), hemos montado una peliculilla de 16 minutos. Con banda sonora molona, esperamos que os guste.