NORMAS DE PAPEL


En estos tiempos de crisis económica (y de otros tipos, política y de valores en mi opinión), ha tomado carta de naturaleza un descrédito del Estado democrático de Derecho, junto quizá con el de la cultura occidental, pero esto último es tema para otra entrada. Y una consecuencia de esta deslegitimación (“no nos representan”, “lo llaman democracia y no lo es”) es el incumplimiento sistemático de las normas legales. Hay autores que lo denominan “cultura del incumplimiento” o “cultura del desacato”. El economista César Molinas, en una entrevista para El País, dijo: “Dicen que el franquismo era una dictadura suavizada por el incumplimiento de la ley. Esto es una democracia empobrecida por el incumplimiento de la ley”.

El profesor García Villegas, en su obra “Normas de papel”, que trata el tema del incumplimiento de las normas en Colombia, nos muestra tres tipos de incumplidores: el vivo, el rebelde y el arrogante. El vivo es el incumplidor más frecuente. En América Latina la viveza es considerada como algo esencial de la supervivencia, un valor inculcado desde la infancia. Es un calculador que sopesa el costo y el beneficio del incumplimiento de la norma. El rebelde es aquél que no está dispuesto a someterse al poder estatal y reivindica una libertad absoluta para desarrollar sus comportamientos sociales en nombre de la justicia con mayúsculas o de la consecución de algún derecho reclamado. El arrogante, personaje común entre las élites colombianas y latinoamericanas, considera que los valores derivados de la familia tradicional, la religión o su propia condición aristocrática o noble están por encima de la ley, y por eso, el incumplimiento de la misma estaría justificado en base a la defensa de aquellos valores iusnaturalistas superiores.

En España creo que tenemos los tres casos. A todos nos viene a la cabeza el tercero, el arrogante, el tipo de “no sabe usted con quién está hablando”: un político que, para evitar un atasco, pide un avión para llegar a los toros. Una diputada que se estaciona mal y se encara al policía urbano que intenta ponerle una multa. Y así muchos casos que sería prolijo enumerar. Del segundo tenemos muchos casos en la actualidad, por la crisis económica sobre todo, del movimiento 15-M (paremos los desahucios), a los movimientos antiparquímetros de Carabanchel y del barrio del Pilar, en Madrid. Entendemos que la norma es injusta, así que estamos legitimados para no obedecerla. En este caso, y abriremos otra entrada si es necesario, mi opinión es que es muy legítimo presionar para cambiar la norma, pero veo más eficaz intentar hacerlo desde el Parlamento, desde dentro.

En mi opinión, el más dañino es el primero, y el más generalizado. Tiene mucho que ver con la cultura de ciudadanos libres en un Estado democrático de Derecho, o más bien con la falta de ella que nos caracteriza. Yo no diría como el autor que en América Latina sopesar las consecuencias del incumplimiento de la norma sea algo en lo que se educa. Incluso admitiendo que la novela picaresca es un género netamente español, yo voy más lejos y creo que, con algunas honrosas excepciones, el ser humano sopesa siempre las consecuencias del incumplimiento de la norma. Richard Vaughan afirma una cosa muy sensata: él cree que en un país tiene que haber pocas leyes y que se cumplan. Eso en definitiva es seguridad jurídica. Y desgraciadamente en España tenemos muchas, demasiadas (17 parlamentos y gobiernos legislando normas, muchas veces superpuestas y contradictorias entre ellas), y aun encima sin que se refuerce su cumplimiento. Para muestra un botón (fiscal): en España la economía sumergida es aproximadamente el 20% del PIB según Funcas. Y una de las causas que inciden es lo que Funcas llama la moral tributaria, o sea, la actitud de los ciudadanos para evadir impuestos. Incluso en las encuestas del CIS decimos que no evadimos más impuestos porque no podemos hacerlo. De hecho, llevamos muy pocos años en democracia, comparativamente con los países con los que nos solemos comparar (Francia, EEUU, Alemania, Italia, etc). Por otra parte, a mayor desigualdad en una sociedad, cuanto mayor es el número de pobres, marginados o excluidos, más difícil es construir el compromiso ciudadano con los derechos y los deberes, más difícil conseguir que se cumplan las normas. Y de eso ahora andamos sobrados y cada vez vamos a peor.

Pero dicho esto, no es que la actitud de la clase política ayude. Ahí tenemos al arrogante, con los ejemplos que hemos citado antes. El político en general, lejos de ser ejemplar, es el primero en saltarse las normas, o lo que es peor, crear normas ad hoc para él. Como ejemplo, los diputados de la Asamblea de Madrid no tributan por el 20% de su salario a Hacienda. Y es que, como dijo un diputado del PSOE, “no somos como los demás trabajadores”.  Por no hablar de la creación de una administración paralela a la propia administración, que Elisa de la Nuez y Ramón Marcos desgranan en este interesantísimo artículo: de la Administración paralela al desgobierno. Y luego la existencia de islas de “no derecho”, donde directamente las sentencias del TC o el TS no se aplican por vía de hecho, como en Cataluña con la libre elección de idioma vehicular en la educación, o el caso de Atutxa en el País Vasco, cuando se negó a acatar la sentencia que le obligaba a disolver el grupo del PCTV. El President Mas ha dicho que “ni tribunales, ni constituciones ni nada de lo que nos pongan por delante” frenará el camino de independencia frente a la “fuerza de la democracia”. Como si aquellos Tribunales, aquella Constitución y aquella legalidad no fuesen los de un Estado democrático y de Derecho. Su Conseller de Interior, F. Puig, ha definido la “legalidad democrática” contrapuesta a la “legalidad jurídica”, como si pudiera existir una “legalidad no jurídica” y, además, “no democrática”, en un Estado democrático y de Derecho. Según parece, los nacionalistas sólo consideran democrática, la plebiscitaria. Y esto lo dicen los que afirman comulgar con los principios democráticos.

Elisa de la Nuez hace referencia a este asunto en un muy buen artículo que abarca otras cuestiones titulado La Democracia, tema I: “Como nos recuerda Sartori, si ni siquiera exigimos que el hacedor de las leyes se someta a las leyes que hace, perdemos el último baluarte de las sociedades libres, la libertad dentro de la Ley”.

Sin una estructura democrática transparente, abierta a la participación de los ciudadanos, ejemplar, inclusiva, cada vez se va destruyendo más la cultura de la legalidad, en mi opinión la piedra angular de la sociedad democrática. Como dice el último editorial de UPyD , la refundación del Estado no es simple arquitectura administrativa, sino una empresa moral.

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