LA SEGUNDA TRANSICIÓN


Todo este proceso con el tema de Garzón no es algo casual, de hecho él mismo ya ha dicho que no desea tan augusta compañía, porque le perjudica…No quiere tantas manifestaciones ni actos a su favor (y en contra del TS), ya se sabe que hay amores que matan. Esto es simplemente otro ladrillo en el muro de aquellos para los que piensan que la Transición fue una bajada de pantalones ante el franquismo, que no es algo ni mucho menos ejemplar, y que hubo muchos que se escaparon de rositas. Amplios sectores de la población creen que aquí debió haber un juicio como el de Nuremberg, se sienten herederos del Gobierno de 1936 y quieren ganar la guerra 70 años después. Así se entienden palabras como estas: “Hay que terminar con el mito de que hubo una lucha fratricida en la que dos bandos cometieron aberraciones. Lo importante es determinar quién provocó esto. Lo que hicieron los republicanos fue defenderse, tratar de evitar el genocidio” (Carlos Slepoy, abogado argentino que representa a familiares de víctimas del franquismo); “yo siempre pensé que si esto lo cogía Garzón, se solucionaría todo, pero se ha metido en una trampa. El franquismo sigue gobernándolo todo” (Hilda Farfante, hija de dos fusilados por Franco). Hay una sensación de falta de verdadera democracia, junto con la creencia de que no hemos roto definitivamente con el  franquismo, y una visión de la II República como una Arcadia feliz traicionada desde dentro y desde fuera. Y sin embargo, la investigación de Garzón fue un esperpento jurídico que duró 43 días, y para nada, porque ya la Ley de Memoria Histórica, en sus artículos 11 a 14, ya permite que cualquier familiar de un asesinado por la dictadura cuyos restos reposen en fosas comunes, cuente con el apoyo de la Administración (jueces, ayuntamientos o CCAA) para encontrarle y enterrarle. Y como ya comentamos, es una investigación que salta olímpicamente sobre la legislación vigente, cosa que en la Europa continental le está vedada a un juez, que debe limitarse a aplicarla e interpretarla.

Sin entrar ahora en el tema propiamente de la Guerra Civil, en mi opinión esto es una estrategia del Gobierno y sectores afines para apelar a los sentimientos de la gente, movilizar a su electorado, igual que el PP lo ha intentado con el aborto, porque las encuestas cada vez son peores, la crisis económica y el paro están dejando al descubierto las carencias del Gobierno, y éste sabe que está en caída libre y no puede dejar que la situación se siga pudriendo. Por otro lado, el PP ha calculado que el caso Gürtel no le ha afectado tanto en las encuestas como pensaba, y ha optado (con la excepción de Esperanza Aguirre) por el silencio como mejor respuesta, ya que los titulares de economía hablan por sí mismos. Han elegido esperar a que la fruta madura caiga por su peso.

Pero el problema verdaderamente para mí está en que más de 70 años después de finalizar la Guerra Civil, y 35 años después de morir Franco, sigamos todavía con la misma cantinela, como si no tuviéramos nada mejor que hacer. Miren ustedes: aquí en los años 70 Franco se murió en la cama, y las cortes franquistas votaron la ley que acababa con ellas; entre todos los sectores se negoció una ley, la Constitución, que con sus aciertos y sus errores ha propiciado el período mayor de prosperidad de
este país en toda su Historia. Podemos criticarla, pero mirando para adelante, para mejorar lo que 30 años después vemos que es mejorable. Hay una alianza interesada entre la extrema izquierda y el nacionalismo periférico para hacer creer a la gente que la transición se cerró en falso, que se puede ganar la guerra civil 70 años después, y que la democracia de la que disfrutamos no es auténtica. Así se explican manifestaciones como las que hemos escuchado estos días llamando a los jueces del Tribunal Supremo “torturadores” por un señor que era fiscal con Franco en 1962, y que entonces no les llamó eso precisamente; o afirmando tonterías como que el TS absorbió al Tribunal de Orden Público. En un verdadero estado democrático, hasta la más repugnante asociación, siempre que sea legal, puede acudir a los tribunales y actuar jurídicamente, como por ejemplo asociaciones proetarras legales pueden denunciar torturas. Y el juez debe decidir si el acusado es culpable o no. Y es que a algunos se les llena la boca de democracia, pero pretenden en realidad estar por encima de la ley.

Para otro día dejo el tema de mi abuelo, que sí, que yo también tengo abuelo, y además puedo contar de él muchas historias interesantes. Bueno, para dar una pista, diré que fue uno de los fundadores de la UGT en Albacete. Pero para otro dia. Hoy dejo unos links para que ampliéis información:

http://leymemoria.mjusticia.es/paginas/es/ley_memoria.html

http://www.memoriahistorica.org/index.php

http://divergences.be/spip.php?article676&lang=fr

 

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